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Las empresas ‘Marca España’ suspenden al informar sobre su impacto ambiental
Greenpeace. 22.01.20 
Un informe de Greenpeace evalúa a 23 grandes empresas y ninguna cumple plenamente la Ley 11/2018 de Información No financiera y Diversidad
22 de enero de 2010.- Coincidiendo con la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, Greenpeace ha lanzado hoy el informe La “Marca España” ante el reto de la emergencia ambiental, en el que se analiza el grado de cumplimiento de la Ley 11/2018 de Información No Financiera y Diversidad (1). Esta norma, aún poco conocida, obliga a las grandes empresas a informar a sus accionistas y a la sociedad sobre aspectos no financieros, algo necesario para poder determinar el impacto de la actividad empresarial en temas como igualdad, inclusión, sostenibilidad, lucha contra la corrupción y el soborno o fiscalidad. 
El informe evalúa exclusivamente los aspectos medioambientales, siempre desde el enfoque de que la legislación obliga a las empresas a reportar siguiendo estándares internacionales sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente, y en particular sobre sistemas de gestión ambiental, contaminación, economía circular, prevención y gestión de residuos, uso sostenible de los recursos, lucha contra el cambio climático o la protección de la biodiversidad. Se ha evaluado a 23 grandes empresas españolas muy conocidas por la ciudadanía (2), representantes de diferentes sectores económicos (petróleo y gás, eléctrico, construcción, finanzas, aviación, textil, distribución y agroalimentario). El análisis se ha centrado principalmente en los reportes ofrecidos en los propios “Estados de Información No Financiera” elaborados por cada una de estas empresas en el ejercicio 2018 (3).

Según los diferentes sectores económicos analizados, el informe de Greenpeace concluye que:
•Ninguna de las empresas analizadas cumple plenamente con la Ley 11/2018 de información no financiera. Las grandes empresas españolas suspenden en materia de información sobre medio ambiente: la media de las 23 compañías analizadas no supera los 35 puntos sobre 100.
•Las industrias cárnicas y el sector aéreo son los que peor cumplen la norma.
•Según los indicadores analizados, las empresas reportan mejor sobre su política y sistema de gestión (41,12 puntos sobre 100) y energía (39,95 puntos sobre 100), y peor sobre contaminación atmosférica, acústica y lumínica (14,21 sobre 100) junto con cadena de suministro (27,05 sobre 100).
•Como en otros estudios similares, los sectores sujetos a un mayor escrutinio por parte del regulador los mercados de carbono) se acercan más al cumplimiento de la Ley 11/2018. Así, se da la paradoja de que los sectores más contaminantes, el eléctrico y el de los combustibles fósiles, son los que presentan más información.

“En general, el reporte de las empresas Marca España se centra más en ofrecer una imagen (muchas veces errónea) de ‘sostenibilidad’ que en asumir una obligación real de rendición de cuentas bajo los principios de rigor y transparencia”, ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace. “La ley obliga a las empresas a hacer una descripción completa de los impactos, con información rigurosa sobre la identificación de riesgos derivados de su actividad, tanto generales como desglosados por instalaciones y por países. Sin embargo, las grandes empresas ocultan sus errores, infracciones, multas y escándalos, o infravaloran los impactos negativos”.

El contraste entre las obligaciones establecidas en dicha ley y el desempeño de las empresas en el reporte, ponen en evidencia que el sector empresarial no está realizando una correcta rendición de cuentas como exige la ley.

El sector financiero no explica ni desagrega por países el impacto ambiental de sus inversiones en los sectores del carbón, el petróleo, el gas o la industria agropecuaria responsable de los incendios en Brasil. La industria cárnica no describe el impacto de toda su cadena de valor, desde la deforestación producida en otras latitudes para la producción de soja destinada a la fabricación de piensos, hasta la contaminación de los acuíferos en las regiones españolas invadidas por explotaciones de ganadería industrial. Y el sector textil no tiene en cuenta en su reporte el impacto para los recursos naturales del consumo masivo de ropa de temporada y los impactos de sus procesos de producción.

“Ante el estado de Emergencia Climática y crisis de Biodiversidad que vivimos, el sector empresarial español no se ha tomado en serio la medición real del impacto ambiental de su actividad y la correcta rendición de cuentas” ha añadido Soto. “Para abordar esta crisis es clave avanzar en la correcta asunción de su papel en la sostenibilidad, superando la fase de los compromisos voluntarios, la adhesión genérica a acuerdos y pactos internacionales o la responsabilidad social corporativa”.

El análisis también concluye que es urgente un desarrollo reglamentario de la Ley 11/2018 de Información no Financiera y Diversidad que clarifique conceptos clave como, por ejemplo, qué se entiende por riesgo. El reglamento debe incorporar indicadores de resultado en todas las dimensiones contempladas en el área de medio ambiente y las metodologías precisas para que la información facilitada por las empresas sea homogénea y, por tanto, comparable. Y es obligado también fijar un régimen de sanciones para el caso de incumplimiento de las obligaciones de información establecidas en la ley por parte de las empresas.

“Si el Gobierno quiere tener en el tejido empresarial un aliado para sus objetivos de Transición Ecológica y de alcanzar el objetivo del 1,5 ºC es necesario pasar de la voluntariedad a la obligación, e instar a todos los sectores a presentar información detallada sobre cómo realizan la evaluación de riesgos, cómo aplican el principio de prevención y precaución, y cuales son sus planes para adecuar sus emisiones a los objetivos ambiciosos que la actual situación de Emergencia Climática requiere” ha concluido Soto.

Además, Greenpeace demanda al Gobierno que durante la presente legislatura se lleve al Congreso una propuesta de ley de Debida Diligencia que obligue a las grandes empresas españolas a identificar y evaluar el riesgo de sus actividades sobre el medioambiente y los derechos humanos, y la reparación del daño causado; en la misma línea, demanda un apoyo decidido en el seno de la Unión Europea y en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para la aprobación de un Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos como forma de velar y asegurar el respeto y la protección de los derechos humanos frente a los impactos negativos de la actividad de las empresas.

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