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España debe abandonar definitivamente el franquismo
Juan Francisco Villar Caño. 12.09.18 
El pasado día 30 de agosto celebramos, como todos los años, el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Se trata de un día que en nuestro país deberíamos celebrar especialmente, ya que, con nuestros más de 114000 desaparecidos casi 80 años después de la Guerra Civil, tenemos el dudoso honor de ser el segundo país, detrás de la Camboya de los Jemeres Rojos, en desaparecidos.
Es cierto que este año tiene algo de especial después del anuncio del gobierno de su intención de exhumar a Franco y cambiar el carácter de mausoleo del Valle de los Caídos. Sin embargo, no es menos cierto, que poco se ha hecho en 40 años de democracia por romper definitivamente con el franquismo y por buscar la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que en varias ocasiones ha solicitado Naciones Unidas al Estado Español; y tampoco es menos cierto que siguen sin plantearse cambios necesarios para alcanzar esa meta.
Después de este período de freno a cualquier iniciativa que han supuesto los últimos gobiernos de Mariano Rajoy, es necesario que el actual gobierno asuma como propias las recomendaciones del Relator  Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y de la Comisión de Expertos para el futuro del Valle de los Caídos que el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió crear en el consejo de ministros del 27 de mayo de 2011. Tanto el uno como la otra recomendaban contextualizar y resignificar el Valle de los Caídos para que dejara de tener el carácter divisorio de la sociedad española que tiene en nuestros días y para que se convirtiera en un lugar que contribuyera a la pedagogía ciudadana y la memoria. Lamentablemente las últimas intenciones declaradas por el presidente Pedro Sánchez de convertirlo en un cementerio civil sólo responden a la primera recomendación y poco o nada contribuye a la pedagogía y la memoria para que algo así no vuelva a suceder.
España lleva ya demasiados años de democracia para que esta asignatura pendiente siga quedándose en una mera declaración de intenciones, en palabras huecas que perpetúan una anomalía histórica. Ya es hora de pasar de las palabras a los hechos desde una óptica exclusivamente de Derechos Humanos, sin ningún carácter revanchista, pero sí de búsqueda de verdad, justicia y reparación. Este país no puede mantener por más tiempo los obstáculos que hacen prácticamente imposible llegar a esa auténtica justicia con las víctimas del franquismo.
Es necesario que, de una vez por todas, este país haga los cambios legislativos necesarios en el Código Penal y en leyes como la Ley de Amnistía de 1977, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Memoria Histórica, para tipificar la desaparición forzada de acuerdo a la legislación internacional, para eliminar obstáculos a las investigaciones y para crear una Comisión de la Verdad que se ocupe de estos casos. No podemos seguir aceptando que no se investigue o se archiven los casos que llegan a los tribunales porque chocan con una legislación inadecuada que contradice a las normas internacionales.
Es necesaria, igualmente, la investigación de oficio de todas las desapariciones forzadas y no aplicar la Ley de Amnistía a los responsables de las mismas. Las desapariciones forzadas son violaciones de derechos humanos especialmente graves y no deben prescribir y deben ser perseguidas por la justicia internacional, por lo que España debe colaborar sistemáticamente, y no obstaculizarlas como hasta ahora, con cualquiera de las causas abiertas en países como Méjico o Argentina.
Es necesario también declarar nulas todas las sentencias de la Guerra Civil y el franquismo dictadas, vulnerando el derecho a un juicio justo, por tribunales especiales. No se trata solamente de conseguir una reparación simbólica del penado, sino de revertir los efectos legales de aquellas sentencias que pudieron suponer incluso la pérdida de un patrimonio que no ha sido devuelto a los herederos de los injustamente castigados.
La exhumación de fosas comunes para identificar a las personas desaparecidas debe pasar de lo privado a lo público. No es competencia de las asociaciones de familiares de desaparecidos y de Memoria Histórica la exhumación, la identificación, el establecimiento de un mapa de fosas, la creación de una base de datos estatal sobre desaparecidos. La búsqueda e identificación de los desaparecidos debe ser una política prioritaria en un país democrático que tiene el deshonor de ser el segundo país con más desaparecidos a nivel mundial.
Y, finalmente, España tiene que formar mejor a jueces, fiscales y magistrados en materia de derechos humanos y, muy especialmente, en cuestiones de desaparición forzada y otras cuestiones relacionadas con la Guerra Civil y el franquismo.
Este país no puede, de ninguna manera, casi 80 años después de acabada la guerra y 45 años después de muerto el dictador, seguir cerrando los ojos a la reparación efectiva de las víctimas del franquismo, no puede seguir siendo deudor y aliado del régimen totalitario impuesto tras la guerra. Es la obligación de cualquier gobernante democrático revertir esta anomalía histórica e impulsar el conocimiento de la verdad histórica por muy dolorosa que pueda resultar para algunos sectores o algunas personas. Las heridas profundas no pueden curarse simplemente tapándolas, es necesario abrirlas en algún momento para supurar el pus que infecta a una sociedad herida por la injusticia continuada durante 80 años. Sólo entonces, después de abrir y limpiar los abscesos, será posible curar y cerrar definitivamente las heridas.

Juan Francisco Villar Caño
Activista del equipo de MMCC de Amnistía Internacional Andalucía
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