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La crisis de la vivienda no ha terminado. Mesa recogida de firmas
Amnistía Internacional Málaga. 14.11.17 
El pasado mes de mayo, Amnistía Internacional publicó un informe bajo el título “La crisis de la vivienda no ha terminado. El derecho a la vivienda y el impacto de los desahucios de viviendas en alquiler sobre las mujeres en España” sobre el que desearíamos llamar tu atención.
Ante esta situación, Amnistía Internacional, ha lanzado una campaña para exigir al Gobierno central, la adopción de las siguientes medidas:
• Adopción por parte del Gobierno de un Protocolo Marco sobre desalojos que garantice la coordinación entre juzgados y autoridades municipales orientado a asegurar alternativas de vivienda a las personas que no dispongan de recursos, tal y como Naciones Unidas le acaba de exigir.
• Trabajar en coordinación con las Comunidades Autónomas para destinar más recursos a ampliar el parque de vivienda social y proporcionar ayudas adecuadas a la vivienda.
Por ello, este miércoles 15 de Noviembre, a las 19h, Amnistía Internacional Málaga nos reuniremos en la Plza. de la Aduana para llevar a cabo una recogida de firmas.
Información adicional sobre datos y cifras del informe

[ Este informe de Amnistía Internacional se enfoca en los desahucios de viviendas en alquiler, por ser más numerosos estadísticamente, y describe la falta de garantías de protección de los derechos para las personas afectadas. El informe se centra en la Comunidad de Madrid y Cataluña por ser las dos Comunidades Autónomas que concentran mayor número de desahucios en toda España. Con alrededor del 26% de la población, estas Comunidades concen¬tran el 34% de todos los desahucios de viviendas en alquiler del país.

Desde el comienzo de la crisis económica en 2008, decenas de miles de personas que no podían mantenerse al día en el pago del alquiler de su vivienda han sido desalojadas. Desde 2013, se han producido 153.667 desahucios. Tan solo en 2016 hubo 34.193 desahucios de viviendas en alquiler en España, además de 26.397 desalojos hipotecarios.

Asimismo, casi una década después del inicio de la crisis económica, el gobierno español no ha adoptado medidas orientadas a reforzar las garantías de protección del derecho a la vivienda adecuada, o a garantizar los derechos de las personas afectadas, especialmente aquellas en situación de marginación y discriminación. Por otra parte, la liberalización y mayor flexibilidad de los contratos de alquiler y el proceso de desalojo, propiciados por las sucesivas reformas de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil, no han venido acompañadas de medidas para garantizar el derecho a la vivienda adecuada. ]

Carlos Alonso Sot
Responsable del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Amnistía Internacional Málaga

http://www.facebook.com/amnistia.internacional.malaga
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